Adolfina Contreras
Adolfina, a pesar de que es maestra, define su profesión como defensora de bienes comunes. Los bienes de todos y todas. Que importante.
Pertenece a San Jorge, una pequeña comunidad en el municipio de Pespire. Es una de esas mujeres con una vida llena de luchas, porque al final defender el medio ambiente es también defender a las personas. Es presidenta del Comité de crédito para el desarrollo económico local, forma parte de la Mesa de Seguridad alimentaria y nutricional y también del grupo impulsor para la defensa de los Derechos Humanos en las comunidades.
El elaño 2013 una empresa panificadora consiguió de manera presuntamente irregular la licencia para dragar un afluente del río Nagore en la búsqueda de arena, graba y otros materiales. La actividad minera afectaría a cuatro pozos y a este río que abastece de agua las más de 12 mil personas en verano ya acusan períodos de sequía. Este fue el detonante para que Adolfina y sus compañeras y compañeros comenzaran una lucha titánica contra la compañía, consiguiendo declarar Pespire libre de Minería. Fue un histórico día del año 2018.
Y es que a veces, para defender el agua, hay que ser muy brava.
“Quieren saquear nuestro cerro, pero por San Jorge no van a pasar. Somos una comundiad fuerte y unida y no vamos a quedarnos solas”
Adolfina, Coralia e Yeni na súa visita a Galicia en marzo de 2022
Las ZEDES, zonas “disfrazadas” de empleo y desarrollo económico
Tres años después el equipo integrado por Adolfina consigue también declarar Pespire Libre de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES). Las ZEDES son una polémica medida del gobierno hondureño que rechazan la mayoría de las personas que viven en las comunidades. Estas zonas son definidas por la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras como áreas del territorio nacional que están sujetas a un “régimen especial” y donde los inversionistas están a cargo de la política fiscal, de la seguridad y de la resolución de conflictos. Según los colectivos que las combaten, se trata realmente de la venta del territorio, la soberanía y los derechos de todas las personas que viven en esas zonas, y su instalación, advierten, desencadenará graves afectaciones sociales, económicas y ambientales.
¿Te suena esta historia?
En Galicia existen 3.000 comunidades de montes vecinales que ocupan cerca de 700.000 hectáreas de superficie del país. El que correspodería a medio millón de propietarios en común; una quinta parte de los gallegos y gallegas, según el estudio el Laboratorio Ecosocial del Barbanza – HISTAGRA / GESPIC. Estas zonas de monte muestran la increíble fortaleza histórica que las comunidades locales tuvieron para definir y manejar su territorio durante siglos incluso frente a agentes externos con gran capacidad de intervención. En este momento, ante la falta de un relevo generacional los montes comunales encaran un proceso de extinción de los convenios de gestión que mantienen con la Xunta, y el peligro radica en que estos nuevos contratos pongan parte de la gestión en manos de empresas que usen el monte para beneficio individual.
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