Karina Aguilar
Yeni lleva la lucha metida en el cuerpo.
Solo tiene 23 años y ya acumula cinco batallando contra lel megaproyecto fotovoltaico que amenaza su pueblo. Nos cuenta cómo están hartas de ver como estas grandes, grandísimas empresas se meten en los territorios de las comunidades sin siquiera consultar, y contaminan sus campos y sus ríos por el interés de unos pocos.
Para defender la tierra echó, junto con sus compañeras y compañeros, nueve meses viviendo en un campamento improvisado en la zona donde pretendían instalarse más proyectos fotovoltaicos. Tan sólo en su municipio hay diez proyectados a día de hoy.
El 8 de marzo del 2017 el juez dictó un desalojo y maquinaria entró. Las que allí estaban fueron perseguidas, hostigadas, criminalizadas. Denunciadas.
Sin embargo, y a pesar de que el activismo se paga muy caro en Honduras, Yeni nunca cesó en su empeño. La denuncia que le pusieron por “daños a propiedad privada” fue archivada por falta de pruebas y con el apoyo del 97,3 % del municipio de Namasigüe consiguieron declararlo como zona libre de Minería y Fotovoltaica. Hasta ahora.
“Mandaban coches a la comunidad cuando estábamos en el campamento, en la noche. A mi me persiguieron dos veces. Siempre estamos expuestas”
Y es que a veces, para defender la tierra, hay que ser muy brava.
Activismo medio ambiental, una actividad de riesgo, sobre todo en Honduras.
Yeni está integrada en un programa de protección oficial de defensores y defensoras en Honduras. Ante cualquier amenaza tiene un número al que poder llamar para sentirse más segura. Algo insuficiente en el país más peligroso de Centroamérica para el activismo medio ambiental según Amnistía Internacional, que ya documentó tres asesinatos de activistas en lo que va de este 2022. Desde la muerte de Berta Cáceres, la conocida defensora asesinada en el 2016, ya perdieron la vida por lo menos 43 activistas por defender su territorio de los abusos empresariales. Sin embargo Honduras, sigue sin firmar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos ambientales de América Latina y el Caribe, que entró en vigor en el 2021 y que obliga a los Estados firmantes a proteger a las personas defensoras del medio ambiente.
¿Te suena esta historia?
La lucha vecinal acabó con el megaproyecto de la Mina de Touro-O Pino, en la provincia de A Coruña, tras casi cuatro años de movilizaciones sociales. La Xunta de Galicia rechazaba en marzo de 2021 por segunda vez las aspiraciones de la empresa Cobre San Rafael por su falta de “sostenibilidad ambiental”. La lucha por parte de la minera dejó un historial de acoso, espionaje y presiones que denunciaron muchos de los activistas que se posicionaron en su contra, además de una campaña de greenwashing que incluía, la “compra” de medios de comunicación a través de contratos publicitarios o el patrocinio de equipos de fútbol como el FC Compostela, entre otras maniobras de dudosa legalidad.
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